By Chetumal.- Un fuerte operativo policiaco, con presencia incluso del Ejército Mexicano, fue desplegado este día afuera del Congreso del Estado, previo a la toma de protesta de la nueva Legislatura. Esto, debido a la presencia de distintos grupos de manifestantes, algunos de los cuales hasta huevos les lanzaron a los legisladores entrantes.
Personal del Poder Judicial, habitantes de colonias Antorchistas, familiares de personas desaparecidas, y víctimas de la represión policiaca del “9N”, eran los principales contingentes de manifestantes, quienes presentaban las cartulinas con sus consignas, junto a las vallas, a metros de donde llegaban los futuros diputados, quienes eran guiados directamente hacia el interior del recinto.
Una representante del Comité de Víctimas del 9N aseguró que la Fiscalía General del Estado ya cerró la carpeta de investigación abierta por la represión policiaca el 9 de noviembre de 2020, cuando un grupo de manifestantes fue dispersado a balazos del palacio municipal en Cancún.
La activista señaló que se fincaron responsabilidades contra nueve mandos policiacos, después ampliados a 11, pero la jueza Silvia Verónica Solís Lizama decretó que el “castigo” sea e pago de 4 mil pesos, por un lapso de 12 meses, para 13 de las víctimas.
A pesar de lo bajo del monto, a la fecha no se ha recibido un solo pago, pues hay amparos en vigor.
“Hay una línea política”, aseguró la víctima, quien recordó que la presidente municipal en ese entonces era Mara Lezama Espinosa, hoy gobernadora del estado.
Al señalar las vallas y la protección policiaca afuera del Congreso del Estado, la activista aseguró que los policías “están del lado equivocado”, porque brindaban protección a diputados que llegaban en camionetas blindadas y con su propia seguridad, cuando son los ciudadanos manifestantes las víctimas y quienes están en situación de vulnerabilidad.
ENTREVISTAS ATROPELLADAS
Algunos funcionarios aceptaron ser entrevistados en el lugar, pero todos eran interrumpidos por los gritos de los distintos manifestantes.
Jorge Aguilar Osorio, subsecretario de Gobierno, comentó que estas manifestaciones son una situación propia de estados que están en crecimiento, además de ser un derecho constitucional.
Cuestionado sobre el caso “9N”, Aguilar Osorio, quien en ese entonces era jefe de asesores del Ayuntamiento de Benito Juárez, señaló que es un tema jurídico y en esos casos “las opiniones salen volando”.
Por su parte, Pablo Bustamante, secretario del Bienestar de Quintana Roo, opinó igualmente que los ciudadanos tienen la libertad de manifestarse.
El funcionario estatal alcanzó a confirmar que ya trabajan en el presupuesto de 2024, en el que se enfocarán a consolidar los programas existentes, sin crear alguno nuevo.
Bustamante, quien era regidor durante el “9N”, también fue interrumpido con gritos de “corrupto” y otros similares, por los presentes.
